La lengua de los políticos.

Esta semana no se va a hablar de otra cosa. El Senado –ese gran desconocido- ha contratado a unos cuantos traductores y ha comprado otros tantos auriculares para hacer frente a las necesidades lingüísticas de sus señorías. No puedo obviar el tema que siempre sale en estas circunstancias; el famoso “España se rompe”, que tanto gusta a la derecha. En cualquier caso, prefiero reflexionar acerca de su pertinencia económica en época de crisis.

De lo primero, del famoso tema territorial, queda poco que decir y nada en lo que llegar a un consenso, por lo menos en lo esencial. Todos sabemos que nuestro país es un territorio que cuenta con numerosas realidades idiomáticas en régimen de co-oficialidad con el Castellano. Esto se traduce en que en las comunidades con esta particularidad se puede hablar indistintamente en cualquiera de los dos idiomas sin perjuicio para el otro. Es decir, ambos juegan en la misma liga.

No obstante, esa co-oficialidad se pierde al salir del territorio autonómico. Se trata de un caso de lógica. Sería absurdo, estarán conmigo, en que un andaluz tuviera que saber defenderse en Español, Valenciano, Catalán, Gallego, Euskera, Bable y, si me apuran, Guanche. Para eso está el Castellano, para que todos nos entendamos –y podamos discutir sin llegar a ningún entendimiento-. Sin embargo, el Senado es una cámara territorial. Esta condición facilita el resquicio normativo para justificar el derecho de los senadores a manifestarse en su lengua materna. Eso no lo voy a discutir, aunque me parezca poco práctico de cara al debate político –yo no querría que mis ideas pasasen por el tamiz del traductor-.

En consecuencia, una vez asumido que quizás no sea un sinsentido, sí deberíamos atender a lo que los ciudadanos ven mal. Siempre me ha parecido que el ciudadano de un país democrático se define por su derecho a indignarse por cualquier cosa de manera pública. De haberse producido este acontecimiento antes de la crisis, el debate hubiera sido de cariz nacionalista. Pero ahora, en mitad del bache, gastar 350.000 euros en traducir idiomas co-oficiales al Castellano parece cuanto menos pintoresco. Spain is different, que se decía.

Desde la Administración se disculpa la medida afirmando que no supone más que el uno por ciento del presupuesto anual del Senado. No es una justificación muy inteligente afirmar que es un pequeño despilfarro bajo el auspicio de un despilfarro de magnas proporciones. No creo que eso calme los ánimos, pero nuestra clase política no se define por su capacidad de empatía. El Partido Popular, por su parte, se rasga las vestiduras. Eso se le da muy bien, apenas sobreactúan. Se les da casi tan bien como olvidar que desde 1994 se han venido utilizando las lenguas co-oficiales en las comunicaciones escritas y que, en 2005, gracias su apoyo, se extendió la medida a todas las sesiones de la Comisión de Comunidades Autónomas. Pero, claro, entonces no les pareció mal. Se ve que todavía les quedaba el remanente de cuando hablaban catalán en la intimidad.

A mi entender, no era el momento de tirar la torre de Babel en mitad de la cámara alta. No es pertinente y menos en mitad de un debate sobre el gasto que supone el Estado de las Autonomías. No es práctico desde el punto de vista funcional. Y es que este capricho llega en un momento en el que se defiende el recorte del gasto público. Pero lo realmente grave es que han confundido “gasto público” con “gasto social”. Porque no hay problema en cerrar recursos sociales, en cancelar ayudas y en dejar a la gente en la estacada cuando más lo necesita. En cambio, para las necesidades accesorias y superficiales - simbólicas, en el peor sentido de la palabra- de los políticos siempre hay algo. Por ejemplo, un uno por ciento… de treinta y cinco millones de euros.